En el marco del Día Internacional de la Justicia Hídrica, México fue sede de un encuentro internacional que reafirmó la necesidad de avanzar hacia modelos de gobernanza del agua más justos, inclusivos y sostenibles, con el derecho humano al agua como eje central de las políticas públicas y las acciones territoriales.
El evento fue organizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y contó con la coorganización del Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro (IDGCE), reuniendo a comunidades, referentes territoriales, academia, organismos públicos y organizaciones de distintas regiones del mundo. El encuentro se consolidó como un espacio de diálogo global sobre los desafíos actuales del acceso al agua y la justicia hídrica.
La crisis del agua: una problemática global con impactos desiguales
Aunque el agua cubre más del 70 % de la superficie del planeta, solo una pequeña proporción es agua dulce accesible. En un contexto marcado por el cambio climático, la contaminación y el uso intensivo de los recursos naturales, más de 4.000 millones de personas enfrentan situaciones de escasez hídrica durante al menos un mes al año. Esta realidad evidencia que el acceso al agua no es solo un problema técnico, sino una cuestión de justicia social y derechos humanos.
Tal como señalan los marcos internacionales y la encíclica Laudato Si’, el acceso al agua potable de calidad condiciona el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la salud, la alimentación y una vida digna.
Loreto: abundancia de agua, escasez de acceso
Uno de los aportes más significativos del encuentro fue la exposición de Paulo Díaz Sevillano, del Vicariato del Agua de Iquitos y egresado del Diploma en Gobernanza, Regulación y Gestión Integrada del Agua del IDGCE, quien presentó la ponencia “Vicariate of Water: Life and Hope from the Peruvian Amazon”.
Desde la Amazonía peruana, Paulo describió una profunda paradoja que atraviesa a la región de Loreto: a pesar de que cerca del 30 % de su territorio está cubierto por agua o humedales, más de la mitad de la población no cuenta con conexión a una red pública de agua, y el 93,5 % no accede a agua segura para el consumo humano.
“La abundancia de agua no garantiza el acceso al derecho humano al agua si no existen políticas públicas, gobernanza y participación comunitaria”, señaló Paulo Díaz Sevillano durante su exposición.
Su presentación abordó además las principales amenazas que enfrentan las fuentes de agua en la Amazonía, entre ellas el cambio climático, la deforestación, la contaminación por actividades extractivas, la minería ilegal, el vertido de aguas residuales y la explotación petrolera.
En este contexto, destacó el rol del Vicariato Apostólico de Iquitos en el acompañamiento de comunidades que impulsaron demandas clave para la defensa del agua y el ambiente. Entre los casos presentados se encuentran la Hidrovía Amazónica, donde se ejerció el derecho a la consulta previa; Cuninico, afectada por un derrame petrolero que contaminó su principal fuente de agua; y Punchana, donde la falta de acceso al agua potable y al saneamiento derivó en el reconocimiento de un “estado de cosas inconstitucional” por parte del Tribunal Constitucional del Perú.
Otro de los ejes centrales fue el reconocimiento del río Marañón como titular de derechos, una iniciativa impulsada por comunidades indígenas que propone una nueva relación con los ecosistemas acuáticos.
“Defender el agua no es solo proteger un recurso, sino reconocer su valor vital, cultural y espiritual para los pueblos”, afirmó Paulo.
Gobernanza del agua y aprendizajes regionales
Desde una perspectiva complementaria, Gabriela Sacco, directora del IDGCE, presentó la ponencia “Water Governance and Water Justice: Lessons from Latin America”, centrada en los aprendizajes regionales vinculados a la gobernanza del agua y la toma de decisiones en contextos complejos.
Su intervención subrayó la necesidad de avanzar hacia modelos participativos de gobernanza, capaces de integrar dimensiones sociales, técnicas, éticas y políticas.
“La justicia hídrica se construye cuando el conocimiento, la experiencia territorial y la toma de decisiones dialogan y se transforman en políticas públicas concretas”, sostuvo Gabriela Sacco.
La participación del IDGCE y del Programa Internacional del Agua (ACQUAS) en el Día Internacional de la Justicia Hídrica se inscribe en una trayectoria sostenida de trabajo orientada a la formación de liderazgos, el diálogo intercultural y la construcción de soluciones con impacto territorial.
El encuentro reafirmó que la justicia hídrica solo es posible a través de la articulación entre comunidades, instituciones académicas, organismos públicos y redes internacionales, y que el conocimiento cobra verdadero sentido cuando se transforma en acción concreta en los territorios.
